Cantabria

Cantabria elimina la cédula de habitabilidad para propiedades inmobiliarias

La cédula de habitabilidad es un requisito administrativo que confirma que las condiciones de un inmueble son aptas para residir, sin embargo, su uso se adscribe a las decisiones de las administraciones autonómicas, por tanto, es cada comunidad autónoma la que decide sobre su uso. En los últimos días, el Gobierno Cántabro ha decidido eliminar la cédula de habitabilidad, analizamos sus consecuencias y su influencia en contratos de alquiler. 

Qué es la cédula de habitabilidad 

La cédula de habitabilidad es un documento oficial que certifica que una vivienda cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad establecidos por la normativa vigente. Estos requisitos incluyen aspectos como la superficie mínima, ventilación, iluminación natural, instalaciones de saneamiento, suministro de agua potable y sistemas de energía, asegurando que la vivienda sea adecuada para ser habitada de manera segura y saludable.

Este certificado es necesario para vender o alquilar una vivienda y para contratar servicios básicos como agua, electricidad y gas. La cédula de habitabilidad es emitida por la administración local, generalmente por el ayuntamiento, tras una inspección previa.

La vigencia de la cédula de habitabilidad varía, pero generalmente debe renovarse cada 10 o 15 años. 

En este post puedes saber más acerca de la cédula de habitabilidad y su uso. 

El Gobierno de Cantabria elimina la obligatoriedad de la cédula de habitabilidad

La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria ha propuesto un decreto que elimina la cédula de habitabilidad. Este proyecto se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 13 de mayo de 2024 y establece un periodo de diez días para la presentación de alegaciones.

Con la aprobación de este decreto, la cédula de habitabilidad deja de ser necesaria, en su lugar, la acreditación del cumplimiento de las condiciones mínimas de habitabilidad se basará en superficies exigibles y condiciones de iluminación natural, alineándose con las normativas técnicas y urbanísticas existentes.

El decreto distingue entre dos niveles de condiciones mínimas: las superficies para viviendas de nueva construcción y la iluminación natural para viviendas rehabilitadas o con cambios de uso. Las entidades locales podrán establecer estándares superiores a los marcados por el decreto en sus instrumentos urbanísticos.

Este nuevo marco normativo busca flexibilizar la rehabilitación residencial, especialmente en cascos antiguos y áreas rurales, y asegurar la viabilidad técnica y económica de estas intervenciones, contribuyendo a frenar la degradación del parque de viviendas.

El decreto se aplicará a todas las viviendas, independientemente de su régimen de propiedad y uso, y requerirá que los proyectos incluyan una justificación del cumplimiento de las condiciones mínimas en su memoria técnica.

¿Qué puede pasar en el futuro con las cédulas de habitabilidad, tras la medida tomada por Cantabria?

Con el tiempo, otras comunidades autónomas podrían sustituir la cédula de habitabilidad por el establecimiento de unos baremos básicos. Esta alternativa permitiría simplificar el proceso administrativo y garantizar que las viviendas cumplan con los estándares mínimos necesarios para ser habitadas, sin necesidad de un documento específico como la cédula.

El establecimiento de baremos básicos, como los propuestos en Cantabria, podría incluir requisitos de superficie mínima, ventilación, iluminación natural, y condiciones de salubridad. Este enfoque sería flexible y adaptativo, permitiendo a cada comunidad autónoma ajustar los criterios a sus propias necesidades y particularidades urbanísticas.

Además, este sistema podría facilitar la rehabilitación de viviendas antiguas y la reconversión de edificios con nuevos usos residenciales. Al establecer unas condiciones mínimas claras y precisas, se podría incentivar la renovación del parque inmobiliario, mejorando la calidad de las viviendas sin imponer trabas burocráticas innecesarias.

Criterios de habitabilidad en base a cada municipio

La posibilidad de que los ayuntamientos puedan adaptar los baremos básicos de habitabilidad ofrece una flexibilidad crucial para abordar las necesidades particulares de cada municipio. Esta adaptabilidad permitiría a los ayuntamientos establecer estándares que reflejen mejor las características y desafíos únicos de sus áreas urbanas y rurales, promoviendo un desarrollo urbano más coherente y eficaz.

Al permitir que los ayuntamientos ajusten estos baremos, se podría incentivar una mayor atención a las condiciones locales, como la densidad poblacional, el clima y la infraestructura existente. Por ejemplo, un municipio con un casco histórico podría establecer normas específicas para la rehabilitación de edificios antiguos, mientras que una zona con alta densidad de población podría enfocarse en garantizar suficiente espacio y ventilación en nuevas construcciones.

Esta capacidad no solo mejora la relevancia y efectividad de las normas de habitabilidad, también facilita la gestión urbanística a los ayuntamientos. En última instancia, permitir que los ayuntamientos ajusten los baremos puede incentivar la construcción de viviendas más adecuadas para los residentes de cada municipio.

Eliminar la cédula de habitabilidad y su influencia en el alquiler

Eliminar las cédulas de habitabilidad podría simplificar el proceso de alquiler, al reducir la burocracia para los propietarios. Sin la necesidad de obtener este documento, los tiempos para poner una vivienda en alquiler podrían acortarse, facilitando el acceso al mercado inmobiliario y potenciando la oferta de viviendas disponibles.

Sin embargo, esta decisión también podría generar incertidumbre entre los inquilinos sobre las condiciones de las viviendas. Sin una cédula que certifique la habitabilidad, los inquilinos tendrían que confiar en la responsabilidad del propietario y en su propia evaluación de la vivienda.

Para mitigar estos riesgos, sería crucial establecer unos baremos básicos de habitabilidad que los ayuntamientos y las comunidades pudieran adaptar y verificar. 

 

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